En la tribuna pública, estatura moral

Fernanda Hurtado

Las definiciones políticas que están incubándose por estos días marcarán el rumbo del país en las próximas décadas. El sentido hacia el cual avanza el marco político, económico, jurídico y social dependencia no sólo de los contenidos que definan las autoridades que han sido -o serán- elegidas para estos efectos, sino también de su estatura moral.

Los casos conocidos en las últimas semanas han puesto un signo de interrogación sobre nuestro futuro. Un convencional fue descubierto mintiendo descaradamente sobre una enfermedad inexistente, condición que lo había llevado a hacerse conocido y luego elegido para redactar la nueva Constitución. Varios alcaldes han sido cuestionados -y ahora investigados- por apropiación indebida de los recursos municipales. Un candidato presidencial -que según varias encuestas marca un no despreciable 5% - se ha ausentado de foros presenciales porque debe una suma sideral de la pensión alimenticia a sus hijos y si regresa al país debe ser detenido por la policía.

Es deber de todos los ciudadanos exigir que las organizaciones se muevan bajo estándares éticos mínimos. En una empresa, lo que está en juego no sólo es la reputación corporativa -que por estos tiempos determina su capacidad de trascender en el tiempo-, sino además el juicio de la sociedad sobre todo el sector privado. Los casos de financiamiento irregular de la política, de colusión entre empresas en sectores críticos para el bienestar social -por nombrar los más relevantes-, afectaron fuertemente la confianza de las personas en las empresas privadas (7% en diciembre de 2019, su nivel más bajo).

De la política debiéramos requerir al menos igualdad de condiciones. Porque una autoridad que daña la fe pública compromete seriamente el ejercicio de su mandato. Su acción tiene un efecto amplificador en todo el sistema político, porque empaña a las instituciones que representa. El largo listado de políticos envueltos en escándalos reñidos con la ética ha provocado que el Gobierno (11%), el Congreso (8%) y los partidos políticos (4%) sean las instituciones con menor confianza en Chile, según la última encuesta CEP . La Convención Constitucional se salva en cierta medida (24%) porque el trabajo de campo del estudio no alcanzó a considerar los vergonzosos hechos que llevaron a la renuncia de un convencional, entre otros cuestionamientos de las últimas semanas.

Una cultura de integridad es requisito esencial para cualquier organización moderna. Y son los máximos representantes de cada institución los que deben tener la estatura moral para que los estándares éticos permeen y sean compartidos y ejercidos por todos. La labor encomiable que ha jugado la prensa para destapar casos de irregularidad en la política y el mundo corporativo debe ser acompañada por la adopción de herramientas que detecten a tiempo conductas antiéticas, mejoren la fiscalización y fomenten las denuncias ante malas prácticas.

La exigencia de una cultura de integridad es una tarea de todos, porque su ausencia termina por tambalear los cimientos públicos y privados de las sociedades.